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La actividad pública y la privada necesitan el protocolo
El protocolo es un lenguaje callado que engrandece el sentido común para que todo funcione con arreglo a lo previsto.
Lo del protocolo no es un tema baladí, y mucho menos en un momento en el que las buenas maneras son tan necesarias como el comer. El protocolo, si falla, puede dar al traste con un acuerdo al más alto nivel, impedir la rúbrica de un negocio de muchos ceros o, simplemente, poner de los nervios al más pintado. Puede, por ejemplo, enfrentar a un ministro y a un alcalde o que un alto cargo público acabe sentado en la mesa de los conductores, dicho sea sin ningún ánimo de ofensa hacia este sacrificado e incomprendido colectivo.
Si el protocolo fracasa, pudiera darse el caso de que el subdelegado del Gobierno de una provincia apareciera ante la opinión pública como el delegado del Gobierno en la Comunidad, éste como el presidente de las Cortes y éste a su vez como el presidente de la Junta, quien seguro acabaría confundiéndose con el secretario del subdelegado de otra provincia. Que se sepa, esto aún no ha ocurrido, pero yo no pondría la mano en el fuego.
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El protocolo y las relaciones sociales
Sin duda, el protocolo es clave en las relaciones sociales y en las cosas del buen entendimiento público. Es un lenguaje callado que engrandece el sentido común para que todo funcione con arreglo a lo previsto y a las elementales normas de educación social. ¿Qué sería de la actividad pública de tantas autoridades si no existiera un mínimo orden protocolario? ¿Se imaginan por un momento cuántos codazos habría? Demasiados.
El protocolo, en contra de lo que pudiera pensarse, no es una cuestión de personalismos, sino de civismo público. Es una forma de expresión que se sustenta en valores esenciales como el respeto, la tolerancia y la propia educación. La vida pública, pero también las relaciones interpersonales en el ámbito privado, requieren de ese pragmatismo que, para entendernos, se traduce en el saber estar, en el buen trato y en la capacidad de compartir. Todo un reto en cualquier actividad humana.
Castilla y León, al igual que el resto de comunidades autónomas, se rige en materia de protocolo por una normativa del año 1983 que, evidentemente, no se corresponde con la realidad institucional del momento. Sería necesario, por tanto, la aprobación de un decreto de precedencias que tuviera en cuenta las nuevas instituciones surgidas del desarrollo estatutario. ¿Dónde ubicar al Consejo Consultivo, al de Cuentas, al Procurador del Común, al Consejo Económico y Social en los numerosos actos públicos que se organizan? ¿O a los propios procuradores de las Cortes? La normativa en vigor no lo contempla. Y eso acaba notándose. Alguien dijo que el protocolo sirve para evitar problemas y no para crearlos, pero a veces sucede justamente lo contrario. No hay más que recordar a los presidentes de Diputación en la fila veintidós en algunos actos de Comunidad, muy por detrás del legítimo lugar que les corresponde.
El protocolo es, pues, imprescindible para el correcto funcionamiento público. Es lo que da forma colectiva a términos tan esenciales como "gracias" o "por favor", pero también es sinónimo de habilidad, diplomacia y sentido de responsabilidad y, a veces, sus principales actores pierden conciencia sobre su necesario papel y, lamentablemente, acabamos hablando de una foto con dos adolescentes ataviadas de "góticas". Y así nos va.
