Las normas de protocolo sirven para evitar que cada vez que se reúne un grupo de cargos públicos estalle una trifulca. Sirve para refrenar egos y envidias, señalando a cada uno la silla que debe ocupar. Aunque no siempre lo consigue. A veces, el malestar emerge porque alguien no considera adecuada a su dignidad el sitio reservado.

No hay experto en protocolo que se precie que no guarde una antología de anécdotas sobre las veces que ha tenido que aplacar ánimos y hacer gala de mano izquierda para evitar un incidente institucional porque su excelencia, el señor mengano, no aceptaba el asiento que se le había asignado. La norma, por ello, debe establecer de la forma más precisa posible el orden de precedencia de todos y cada uno de los cargos existentes.

Por desgracia, este no es el caso de la Región de Murcia, que regula esta cuestión por un decreto anticuado (data de 1992) y lleno de lagunas, en el que no figuran, por ejemplo, el lugar que deben ocupar en los actos institucionales los ex presidentes de la Comunidad o el defensor del pueblo, o los alcaldes o los presidentes del Consejo Jurídico y del Consejo Económico y Social. Hasta ahora, los responsables de protocolo de la Comunidad y la Asamblea Regional han resuelto el problema con sentido común y diplomacia, pero los grupos parlamentarios han llegado a la conclusión de que es mejor ponerlo todo por escrito.

La necesidad de actualizar la norma e incluir los nuevos cargos creados en la Región de Murcia en los últimos años es una de las razones que ha llevado al grupo parlamentario del PP, con la aquiescencia del PSOE e IU, a iniciar los trabajos para reformar el decreto regional que establece el régimen de precedencias de autoridades e instituciones de la Comunidad Autónoma.

Varias comunidades, como Andalucía, Canarias y Extremadura, han reformado sus decretos sobre protocolo en los últimos años, e incluso La Rioja dispone de una ley para ordenar esta materia.

Detrás de clérigos y militares.

Existe además otra motivación sentimental para reformar el decreto regional. "Hay un sentimiento general entre los diputados de que no reciben en los actos oficiales el tratamiento adecuado a su condición de depositarios de la soberanía popular", señala un parlamentario del PP.

El diputado de IU y portavoz del Grupo Mixto, José Antonio Pujante, coincide en esta apreciación, al argüir que, "como representantes del pueblo, deberían situarnos por delante de otros cargos de la Administración de libre designación, e incluso de figuras eclesiásticas y militares". En la actualidad, según el decreto regional de protocolo, los secretarios generales de las consejerías y los directores de organismos autónomos de la Comunidad, como el Instituto de Fomento o el IMAS, se sientan por delante de los diputados regionales. Sólo los vicepresidentes y secretarios de la Asamblea Regional tienen un trato preferente que les sitúa inmediatamente después de los consejeros del Ejecutivo autónomo.

El orden protocolario que rige en los actos oficiales, cuando hay representación de las instituciones del Estado, queda establecido además en el Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, una norma de rango superior que es la que sitúa por delante de los parlamentarios autonómicos a las autoridades militares e incluso a los diputados y senadores nacionales por la Región de Murcia, algo que tampoco satisface a los inquilinos de la Asamblea Regional. "Si es un acto que organiza el Gobierno central no me parece mal, pero es que incluso los ponen delante de nosotros en los actos de la Asamblea Regional", señala un celoso diputado regional.

Sin embargo, esta es una batalla perdida, ya que el orden de precedencia que figura en el Real Decreto es intocable para la Asamblea Regional y seguirá vigente mientras que no lo modifique el Congreso de los Diputados.

Un caso singular es el del jefe de la oposición. La norma estatal le reconoce a esta figura una relevancia especial y la sitúa sólo por detrás de los ministros y ex presidentes del Gobierno. En el decreto regional, sin embargo, ni se le menciona, por lo que ha de sentarse con el resto de diputados. En cambio, sí que aparecen recogidos en dicha norma los secretarios sectoriales, un cargo que ya no existe en la Administración regional.